4.813 viviendas menos para familias de escasos recursos, 202.146 metros de construcción menos y la pérdida de 18.193 puestos de trabajo, eso significaría para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), si se diera el recorte de ₡48.833 millones, al presupuesto planteado en el proyecto de Ley 22.174, “Presupuesto Ordinario de la República para 2021”, discutido en la Asamblea Legislativa.
Pese a que la institución “no discute ni pone en tela de duda la difícil situación por la que atraviesa el país, ni la posibilidad de un recorte en su presupuesto para Bonos Familiares de Vivienda ante la coyuntura actual”, considera que “cualquier decisión de reducir el presupuesto destinado a vivienda de interés social, debe ser técnica y legalmente sustentada, y es deber del Banco advertir sobre las consecuencias que tendría aprobar una propuesta como la del proyecto de ley del presupuesto nacional 2021”.
Para el Banhvi la medida es catalogada como un golpe al empleo y a la reactivación económica, pues la construcción de vivienda social contribuye a la dinamización de la producción, la reactivación económica y la generación de empleo en el país.
Según detalló el Banhvi, los recursos que canaliza la institución son recursos de inversión en infraestructura social, disminuirlos generaría grandes impactos.
Además, señalan que se pondría en riesgo la continuidad del “Programa Integral de Financiamiento de Vivienda para Familias de Ingresos Medios”.
Las familias que se han visto vulneradas por la pandemia son las principales en sentir los efectos del recorte, pues 4.813 viviendas evitarían problemas de hacinamiento y aglomeraciones en zonas de precario o barrios con viviendas en mal estado.
“El Banco Hipotecario no tiene un superávit libre, ni de periodos anteriores ni del 2020”, dicta el comunicado de prensa.
Aseguran que los recursos actuales están comprometidos en proyectos y casos individuales específicos que están en curso y en diferentes etapas.
El Banhvi defiende el derecho a la vivienda, por lo que reafirma que una reducción de fondos vulnera el principio de Estado Social de Derecho.
