El pasado 5 de agosto se firmó una carta de compromiso entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y autoridades del Gobierno de la República, con la cual, el Ministerio de la Presidencia asumió el compromiso de dialogar y construir en conjunto con el Régimen Municipal para lograr sus metas.
“El encuentro busca trazar una hoja de ruta conjunta para articular los procesos municipales de desarrollo local y de fortalecimiento del Régimen Municipal con los objetivos de la administración Chaves Robles”, recalcó, Rafael Vargas, como representante del Consejo Directivo de la UNGL.
En representación de la Región Huetar Norte, expuso la alcaldesa de Guatuso, Ilse Gutiérrez.
La alcaldesa recalcó la urgencia de que a nivel local se impulse y se acompañe la gestión descentralizada del Gobierno.
Recalcó que la generación de empleo es de las necesidades más grandes que se tienen en la zona, especialmente luego del paso de la pandemia del COVID-19 y pese a los esfuerzos en estrategias de turismo.
También enfatizó en la carencia de infraestructura, electrificación, conectividad y calidad en la educación.
Gutiérrez dejó saber su preocupación por la condición en la que se encuentran, por ejemplo, la Ruta Nacional 733 que comunica Los Chiles con Guatuso, asimismo, la Ruta Nacional 138 y la 139, las cuales considera están “destrozadas”.
La alcaldesa enfatizó en el descontrol que existe a nivel local en materia de migración, debido a que la mayoría de peones que laboran en fincas son extranjeros.
Sobre concesiones de materiales, recalcó la necesidad de simplificar trámites. Exigió un seguimiento para la reconstrucción de los cantones de la Zona Norte.
Durante el encuentro se establecieron una serie de planteamientos generales, entre ellos la importancia de un mecanismo de diálogo permanente por medio de la figura del Consejo de Gobierno Ampliado, designar una persona interlocutora del Poder Ejecutivo con los gobiernos locales, evitar crear nuevas competencias municipales sin la asignación de recursos necesarios y proteger la afectación de las fuentes de financiamiento de la institucionalidad del Régimen Municipal.
También se acordó respetar los avances en el proceso de descentralización del Estado y por ende el rol del gobierno local en el territorio y dar seguimiento al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos locales, de acuerdo con la Ley 8.801.
