Ante los más recientes casos de incendios de buses en carreteras nacionales, la Defensoría de los Habitantes emitió, este 22 de febrero, un comunicado oficial, en el que sostiene que el Consejo de Transporte Público (CTP) debe “ser más riguroso en el control del servicio de autobuses”.
Debido a ello, solicitó a las autoridades información que les permita identificar cuáles son las medidas o planes de inspección establecidos para 2023, con el fin de “garantizar el cumplimiento de toda normativa vigente por parte de las unidades que prestan el servicio público en la modalidad de buses”.
La directora del Área de Calidad de Vida, de la Defensoría de los Habitantes, Ana Karina Zeledón, añadió que también se solicitó información sobre los procesos de investigación que se hayan iniciado a las unidades recientemente quemadas, entre ellas los percances ocurridos en los primeros meses del año en Río Cuarto, San Carlos, Guanacaste y Limón.
El órgano defensor no solo está preocupado por la integridad de las personas que utilizan el transporte público y sus conductores, sino también en la necesidad de que existan controles oportunos que garanticen que las empresas brindan el servicio de acuerdo con la normativa vigente, como el tipo de servicio que pueden prestar, las rutas autorizadas y las condiciones de las unidades.
