El Plenario Legislativo aprobó este jueves 23 de julio, en primer debate, con 48 votos a favor y uno en contra, el segundo presupuesto extraordinario que se tramita bajo el Expediente 22.080.
Este contiene una rebaja en el gasto de las instituciones, cuyos recursos se destinarán a la atención de la Emergencia Nacional por COVID-19.
La rebaja neta de los gastos según lo confirmó la Contraloría General de la República es de ₡195 mil millones y no de ₡327 mil 974 millones como lo anunció el gobierno al presentar el presupuesto.
Tanto en Comisión como en el Plenario el proyecto sufrió varios cambios antes de ser aprobado.
Uno de los principales cambios es que de manera obligatoria, las instituciones deberán subejecutar al menos un 10% del saldo disponible de su presupuesto para cada programa en 2020 para reducir el gasto.
La obligación de subejecución no afectará las transferencias a los gobiernos locales y las instituciones del sector social, ante una moción aprobada que así lo establece, con ello, destacó el legislador José María Villalta, se les asegura recursos a estas entidades para atender la crisis.
También se aprobó una moción para asegurar una mayor rendición de cuentas de los recursos que se les trasfieren en el presupuesto al Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
Además, se aprobó una propuesta de la diputada Silvia Hernández que obliga a las instituciones a eliminar las plazas vacantes en el periodo que resta de este año y otra que permite al Consejo Nacional de Vialidad reasignar recursos para continuar la inversión en obras de infraestructura que se encuentran avanzadas.
Asimismo, se aprobó una modificación en el proyecto que obliga al Consejo Nacional de Vialidad a trasladar ₡7.500 millones a las 82 municipalidades del país.
Se aprobó la devolución de ₡930 millones que se pretendían rebajar a las municipalidades de Limón, Matina, Guácimo, Siquirres, Talamanca, Sarapiquí, Pococí, Corredores, Osa y Parrita; recaudados por medio del impuesto al banano.
Los legisladores se opusieron al rebajo de ₡5.700 millones a las asociaciones de desarrollo y programas sociales y aprobaron varias mociones para compensar parte de los recursos.
Se restituirá a las Asociaciones de Desarrollo ₡2.800 millones y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se le devolverán ₡14 mil millones para financiar proyectos y obras de bienestar social.
El presupuesto incluye ₡75.000 millones correspondientes de transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros, recursos que se destinarán a fortalecer el fondo del Bono Proteger que según el gobierno beneficiará aproximadamente a 200 mil personas.
