Este miércoles 27 de enero, inician las mesas de trabajo interinstitucionales para analizar y aportar mejoras al proyecto de ley 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica.
El proyecto de la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), busca regular la actividad minera ilegal en el país, principalmente aquella que se realiza en Crucitas, en Cutris de San Carlos y que ha provocado graves perjuicios ambientales, sociales, económicos, de salud y de seguridad.
“Este proyecto responde a un esfuerzo de los últimos dos años, consultas con expertos, análisis de informes y visitas a la zona para ofrecerle al país una propuesta de solución integral a esta grave problemática”, expresó la diputada.
Agregó que “con el aporte de otros diputados y de representantes de instituciones vinculadas al tema se le podrán hacer mejoras”.
Según explicó la diputada, son cinco mesas de trabajo, en las cuales participarán diputados, así como representantes de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, del despacho de la ministra de Ambiente, Andrea Meza y del Colegio de Geólogos de Costa Rica.
La finalidad del proyecto es regular la actividad minera metálica mediante el establecimiento de parámetros y procedimientos indispensables para promover el uso eficiente de los minerales metálicos existentes.
Se establece que no se darán concesiones en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestre.
Los tipos de concesiones que se podrán otorgar son el desarrollo de minería artesanal, minería pequeña o minería mediana.
Mencionó que, para los permisos de exploración, explotación y beneficiamiento, la viabilidad ambiental certificada emitida por Setena sería un requisito indispensable.
Finalmente, se plantea un impuesto del 10% sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios. Los recursos fortalecerán las arcas estatales, programas sociales y el desarrollo de los cantones donde opere el proyecto.
“Este Gobierno no ha cumplido su promesa de proponer una solución integral para el problema de Crucitas y de la minería ilegal. Su desinterés se ha manifestado en estos casi tres años de gestión, mientras que la destrucción persiste en la zona, a vista y paciencia de todos. De ahí la importancia de que este proyecto pueda impulsarse y avanzar en su tramitación”, aseguró María José Corrales.
