El pasado viernes 7 de julio, el Concejo Municipal de San Carlos, sesionó de manera extraordinaria con la intención de recibir a Fernando Chaves, auditor interno del gobierno local.
Chaves presentó ante los regidores y síndicos, los resultados de dos temas referentes a una auditoría de carácter especial realizada al Mercado Municipal de San Carlos Óscar Kopper Dodero y de una asesoría sobre fiscalizar Hacienda, Presupuesto y el endeudamiento del gobierno local.
Chaves comenzó por explicar que el estudio se basó en el Plan Anual de Auditoría y que uno de sus objetivos principales fue fiscalizar aspectos como el control interno del mercado y sus diferentes tarifas de contratos, reglamento, entre otros criterios.
El funcionario hizo énfasis en que las tarifas de alquiler de los mercados municipales, se consideran precios públicos y para su definición se deben tomar en cuenta aspectos como la ubicación de cada local, el estado del edificio, costo de vida, tipo de mercadería en venta, entre otros elementos.
El alcance del estudio contempló de enero de 2020 a diciembre de 2021; desde entonces se han realizado varias acciones en torno al mismo.
Carlos Carballo, funcionario municipal, expuso los resultados del estudio del inmueble municipal.
Como antecedentes a las tarifas del mercado, mencionó que desde 2019 al presente año, los Servicios Personales alcanzaron un monto de ₡62.596.950; para el mercado municipal, se proyectaron tres peones de obras y servicios; y, tres agentes de seguridad y vigilancia.
Con referencia al reglamento del mercado municipal, el mismo data desde la publicación en el diario oficial La Gaceta, el 31 de octubre de 1995; y, tuvo una modificación al artículo #14, el 9 de diciembre de 2003.
De acuerdo con los registros del inmueble, en 2018, ya se había realizado otra auditoría interna de carácter especial.
Sobre la evaluación de riesgos del inmueble, se habló de observaciones en debilidades en el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional y se tomaron como conclusiones la importancia de elaborar un procedimiento por escrito para dictaminar el precio del alquiler y evitar el riesgo de que se repitan efectos negativos o mal cálculos.
También se recomendó definir si se va a utilizar el indicador de rentabilidad, definir los datos a tomar en cuenta y la forma de cálculo a utilizar. Asimismo, que las proyecciones de datos como gastos, inversiones, inflación, deben realizarse con información histórica, confiable y razonable.
Dirigido al Concejo Municipal, los funcionarios recomendaron que, por medio de la Comisión Recalificadora, se pida a la administración municipal, que en el plazo de cuatro meses, presente el procedimiento completo del cálculo de los precios de alquiler del mercado.
También se recomendó solicitar que la alcaldía presente ante el Concejo Municipal, el reglamento del mercado actualizado, en los próximos dos meses; y, gestionar la valoración de riesgos del mercado municipal.
Finalmente, se pidió girar la orden por escrito para que se elaboren los procedimientos para la ejecución de las tareas que le competen al encargado municipal, en plazo de un mes, que el mismo sea incluido en el manual de puestos del municipio, así como revisar los detalles de este cargo en los próximos seis meses.
Con respecto al segundo tema de la sesión, sobre fiscalizar Hacienda y Presupuesto y el endeudamiento del gobierno local, los funcionarios destacaron que este tiene el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa legal y técnica.
De ella, se derivaron oportunidades de mejora para el municipio, según mencionan.
Explicaron que la composición de la deuda municipal está en ₡11.716.837.061, con un saldo al 31 de diciembre de 2023 de ₡9.155.515.574. Se destina una cuota mensual por ₡330.909.802.
Se le debe al Banco Nacional la suma de ₡10.931.805.000; y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, ₡785.032.061.
Los montos equivalen a inversiones en desarrollo y ampliación de servicios municipales, inversión en infraestructura física y equilibrio o sostenibilidad financiera.
Como conclusiones, los auditores definieron que la administración omitió la aplicación del Manual de Procedimientos Financiero-Contable, al contar con políticas de endeudamiento y descripción del proceso.
Además, se carece de un plan de endeudamiento aprobado por el Concejo Municipal y de carácter público, tampoco existe marco normativo interno para orientar las negociaciones crediticias.
Adicionalmente señalan insuficiencia en la gestión de información y de transparencia.
La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, aclaró en su intervención que las deudas mencionadas en el informe son de las administraciones anteriores; y, que mientras ella ha ocupado el cargo, no se han realizado créditos.
