Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre enero y junio del presente año, recibieron 347 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por un monto de $383 millones. De esos reportes 263 fueron presentados por bancos, lo que representa un 75,8%.
“El Sistema Bancario Nacional trabaja de manera permanente en este tema de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, no solo realizando responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas”, manifestó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Para el 21 y 22 de julio, la asociación realizará, de manera virtual, el 8° Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en el que participan representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, ya que es un espacio de actualización para quienes trabajan diariamente en este campo.
Once conferencistas internacionales, de Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, España, Guatemala y Venezuela brindarán una actualización sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, el refuerzo de los sistemas en inteligencia y los departamentos de cumplimiento.
Se abordarán, entre otros temas, los riesgos derivados de la guerra en Ucrania, las amenazas emergentes a partir de las sanciones a capitales rusos y la prevención de delitos económicos en la era digital.
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada. Estas operaciones deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.
Según el ICD, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran: servicios administrativos, administración financiera, venta de automóviles, comercialización de textiles y calzado, construcción de carreteras y autopistas, alquileres, agentes inmobiliarios, actividades de programación informática y consultorías profesionales transporte entre otras.
Según un comunicado de prensa de la Asociación, la mayoría de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San José, aunque también hay ciudadanos de Nicaragua, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre otros.
