La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos informó que por medio de la ley 9.840 se logró recaudar la suma de más de diez mil millones de colones que serán destinados para el Programa del Bono Proteger, dirigido a personas afectadas laboralmente por la pandemia del COVID-19.
La aplicación de la ley que inició desde finales de abril de 2020, recaudó por la venta de la Gasolina Súper ₡5.403 millones, y por la Gasolina Plus 91 o Regular, ₡5.063 millones.
Radio Santa Clara consultó la opinión de varios legisladores sobre el tema.
El diputado por el Partido Restauración Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, enfatizó que estos recursos los trasladará la Refinadora Costarricense de Petróleo al Ministerio de Hacienda, para presupuestarlos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante presupuesto extraordinario y luego este pase por la Asamblea Legislativa.
Antes de eso no podrán ejecutarse.
Asegura que recibe con gran regocijo la noticia de los más de diez mil millones de colones producto de la ley 9.840, que serán en beneficio de aquellas personas que se han visto perjudicadas.
El mandatario, Carlos Alvarado, ha reiterado que el rechazo del presupuesto extraordinario 2020 por un monto de ₡12.453 millones, por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, afecta la entrega del Bono Proteger.
Incluso, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo se pronunciaron, acotando que, tras la no aprobación del presupuesto, cerca de 200 mil personas dejarían de percibir el Bono.
En su momento la legisladora verdiblanca María José Corrales se refirió tras una publicación realizada por la fracción del Partido Liberación Nacional desmintiendo las declaraciones del IMAS y el Ministerio de trabajo.
Ella expresó que: “faltan a la verdad tanto el IMAS como el Ministerio de trabajo, mal informando públicamente a la ciudadanía sobre una supuesta afectación de los recursos que se destinarán a la entrega de los bonos Proteger, y el fortalecimiento de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
La legisladora Shirley Díaz, por el Partido Unidad Social Cristiana, expresó que la ley 9.840, es un ejemplo más de que existen recursos adicionales para hacerle frente a la crisis.
A pesar de que el precio internacional del petróleo cayó considerablemente en los últimos meses producto del COVID-19, Costa Rica como forma de modelo solidario mantuvo los precios de mercado con la intención de ayudar al más vulnerable por la crisis.
El republicano Dragos Dolanescu enfatizó que los diputados redireccionaron cerca de ₡500 mil millones para ayudar a las personas afectadas por la crisis, lo que equivalía a una ayuda de entre ₡200.000 y ₡300.00 colones a las personas afectadas.
Sin embargo, dijo que parte del dinero fue desviado por el gobierno para pagar deuda externa, lo que disminuyó el monto de las ayudas del Bono Proteger.
Dolanescu aseveró que los fondos recaudados por la ley 9.840 deben utilizarse para quienes de verdad la están pasando mal.
La Ley 9.840 tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las personas en condición de desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la jornada laboral, de las personas trabajadoras del sector privado, trabajadores independientes e informales afectados por la pandemia.
