El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reconoció a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el honrar el derecho a la salud y el acceso a la atención medico asistencial a la población refugiada y solicitante de refugio, apátridas y solicitantes de apatridia en nuestro país.
“El reconocimiento se le otorgó a la CCSS junto a siete instituciones públicas, 14 empresas privadas, cinco organizaciones del sector académico y 13 organizaciones del sector civil, quienes realizan aportes a los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio”, dice una comunicación de la Caja de este viernes 8 de diciembre.
Michael Espinoza Salas, director de la Contraloría de Servicios de Salud de la CCSS, manifestó que gracias a este convenio se le da protección a esta población vulnerable, honrando su derecho a la salud como un derecho humano fundamental.
De acuerdo con la Gerencia Financiera de la CCSS, el actual convenio tiene una vigencia de un año, el cual finaliza el 31 de diciembre próximo y se encuentra en proceso de renovación. Actualmente, se registran 5.919 personas aseguradas activas.
Este convenio es financiado por Acnur y ejecutado en coordinación por la CCSS, fue firmado en 2020 y desde entonces ha sido ampliado.
“Para el convenio de este año, se recibieron un total de 396 solicitudes de las que el 88% se aprobaron. Las demás fueron rechazadas debido a que las personas contaban con otra modalidad de aseguramiento, estaban morosos, incluidos dentro de la planilla del convenio o presentaron errores en los datos”, dice la información.
Al 30 de junio de 2023, con este convenio se registraron: 7.289 atenciones, en consultas externa; 61 atenciones, en consulta externa por COVID-19; 2.791 atenciones, en emergencias y urgencias; 220 atenciones, en emergencias y urgencias por COVID-19; 128 atenciones, en hospitalización; 4 atenciones, en hospitalización; 67% de las personas consultantes son mujeres.
El sello “Vivir la integración” es una iniciativa de Acnur que busca sensibilizar a la sociedad costarricense respecto a las implicaciones de ser una persona refugiada y constituye un distintivo creado para aquellas organizaciones que se comprometen con el desarrollo de la sociedad y promueven la integración de estas personas.
“Las personas refugiadas son víctimas del desplazamiento forzado que huyen de conflictos y persecuciones, quienes no deben ser deportadas ni devueltas a contextos en los que peligran su vida y su libertad. Mientras que las personas apátridas son aquellas que no son reconocidas por ningún país como ciudadano conforme a su legislación; es decir, no tienen la nacionalidad de ningún país”, señalaron.
