- Casi 8 años han pasado desde que salió a la luz pública el revuelo del impacto ambiental y económico en el territorio Norte-Norte.
Oficialmente, el Ministerio Público ha confirmado que el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito determinó la audiencia preliminar que dará inicio en setiembre del próximo año y concluirá en enero del 2020.
En este caso se han imputado unas 26 personas por presunto desvió de fondos públicos. Además, de acusaciones por corrupción, la presentación de documentación falsa por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y gran impacto ambiental a causa de la tala de árboles, remoción de tierra, entre otros.
Edgardo Araya, ex candidato a la presidencia por el Partido Frente Amplio declaró que, “ahí hubo negligencia y lo considera como un manual de “¿Cómo no hacer las cosas?” desde el punto de vista ambiental y legal, que nació desde una presunta emergencia entre un conflicto entre Isla Calero y nuestro territorio.”
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Además de esto, se señala a funcionarios por realizar cobros de alquiler exuberantes por maquinaria pesada inexistente.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el impacto económico que se generó ascendió a los más de 968 millones de colones.
La huella ambiental generada es enorme, las escorrentías y el manejo del suelo se trabajó de manera desconsiderada provocando problemas de sedimentación.
Araya menciona uno de los principales beneficios que la conclusión de esta vía podría atribuir a ese territorio, es decir, facilitar la comunicación de las personas de las comunidades del lugar aunando el tema turístico. Sin embargo, no se tomaron las medidas optimas al proyecto.
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El tramo conocido como “La Trocha” a lo largo de 160 kilómetros de la Frontera con Nicaragua se valoró en un inicio por más de 20 mil millones de colones en el Gobierno Chinchilla Miranda. Sin embargo, jamás se concluyó y en buena hora, el caso podría ir a sala de juicio en enero del 2020.
Martes 30 de octubre de 2018
Elaborado por: Karen Rivera Rojas
