Este lunes 15 de noviembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron un operativo que dejó como resultado 40 allanamientos como parte de una operación en la que se investigan presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública.
Además de municipios, las diligencias también se realizan en casas ubicadas en San José, Cartago, San Ramón, Golfito, Siquirres, Escazú y Alajuela, así como en la oficina MOPT-BID y la empresa Explotec, que al parecer obtuvo licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José.
Los puntos intervenidos por las autoridades alcanzan los 84.
La acción policial dejó como resultado la detención de seis alcaldes municipales, cinco funcionarios de gobiernos locales y dos empresarios.
Se trata de Araya Monge, alcalde de San José; Córdoba Soro, alcalde de San Carlos; Redondo Poveda, alcalde de Cartago; Soto Herrera, alcalde de Alajuela; Cole de León, alcalde de Osa; y, Barahona Cortés, alcalde de Escazú.
También Borashi González, funcionario del gobierno local de Escazú; Chacón Ugalde, de Alajuela; Suárez Vásquez, de Golfito; Mayorga Mayorga, de Golfito; Castro Camacho, de la Municipalidad de San José; Gutiérrez Vargas, de la Empresa MECO; y, Cruz Porras, de la Empresa Explotec.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan, bajo el expediente 20-009616-0042-PE, están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
