La Contraloría General de la República (CGR) avaló la adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2022LI-000001-0006900001, promovida por Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Paz, para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (conocida como la contratación de las tobilleras)”.
La Contraloría declaró sin lugar tres recursos de apelación a la decisión del Gobierno.
“Dicha adjudicación fue dictada a favor del Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR (Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima-Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima-Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA), por un plazo de 48 meses y cuyo precio ofertado es de $5,99, es decir, casi la mitad del costo que se paga por el actual contrato”, detalla un comunicado de prensa de Casa Presidencial.
El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos destacó el beneficio para el pueblo costarricense derivado de la decisión.
“Me siento muy complacido, por esta decisión de la Contraloría General de la República, es el pueblo de Costa Rica quien gana, con un contrato que le costará un 50% menos a los costarricenses. Desde el Ministerio de Justicia y Paz, garantizamos una migración al nuevo sistema, en completo orden, seguridad y transparencia”, mencionó.
Corresponde a la administración proceder con la suscripción del contrato con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR e iniciar la ejecución contractual con la etapa de implementación de la solución.
El pasado 15 de febrero, el Ministerio de Justicia y Paz firmó una contratación de urgencia con la empresa del Estado, Radiográfica Costarricense (RACSA) para dar continuidad al servicio, pues a la media noche de este 8 de marzo vencía el contrato actual.
Este contrato de emergencia se mantendrá hasta que finalicen los trámites legales de la firma del contrato avalado por la Contraloría General de la República.
