La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un informe, publicado el pasado 30 de marzo, donde se presentan los resultados de evaluación de 59 instituciones, con respecto a la nueva Ley General de Contratación Pública que entrará a regir el próximo 1 de diciembre.
Esta nueva normativa implica un “nuevo modelo de gestión de compras públicas que se sustenta en la gobernanza, la transparencia, la planificación, el control y la orientación a resultados, así como la promoción de la competencia y la ética”, de acuerdo al Informe.
La evaluación tuvo como finalidad “determinar el nivel de preparación institucional ante este nuevo modelo”, y “reflejar los avances en el proceso preparatorio, desde un nivel inicial, donde las acciones de la administración son incipientes; hasta un nivel en el cual las instituciones están ‘optimizando’ su preparación, previo a la entrada en vigencia de la ley” en mención.
De las 59 instituciones evaluadas, que representaron el 47% del gasto ejecutado por el Estado en 2021, 19 se encuentra en una etapa inicial, 6 en un nivel básico, 24 en uno intermedio, 7 en avanzado y solo 3 están “optimizando” la implementación.
Ante esta situación “se requiere un mayor nivel de compromiso por parte de las instituciones, ya que la falta de oportunidad y poca concientización respecto al cambio puede inducir a que no se ejecute un inicio oportuno de su implementación”, según menciona el documento.
Los gobiernos locales tuvieron una nota promedio de 33,1% sobre 100, ubicándose en la etapa inicial de la implementación, siendo evaluadas 17 municipalidades del país, concluyendo la Contraloría que “los gobiernos locales muestran un mayor rezago”, siendo “relevante capitalizar todos los espacios de coordinación, articulación y asesoría con instancias como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Unión de Gobierno Locales, entre otros”.
De la Región Huetar Norte fueron analizadas las municipalidades de Sarapiquí, que se encuentra en la etapa inicial, y las de San Carlos y Río Cuarto que lograron colocarse en un nivel intermedio en el informe de la Contraloría.
