Este viernes 4 de junio, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que Costa Rica no deberá pagar ningún tipo de indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., por cancelar la concesión del proyecto minero Crucitas, en la Zona Norte.
La acción fue declarada así por el Tribunal de Arbitraje Internacional que examinó la demanda de la compañía.
Alvarado agradeció al Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, “por liderar la exitosa defensa de Costa Rica”, así como al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“Costa Rica es y debe seguir siendo un país libre de minería a cielo abierto”, expresó el mandatario.
El Ministerio de Comercio Exterior indicó que la empresa extranjera reclamaba la suma de $400 millones.
La absolución de Costa Rica fue posible gracias a que el Tribunal determinó que el país, no le denegó justicia al inversionista, pues “los tribunales nacionales observaron de manera correcta los principios del proceso y le brindó a Infinito Gold acceso a las oportunidades de defensa necesarias”.
También, es legítimo que el país “se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”.
Además, Infinito Gold, no demostró “que la omisión indicada le hubiera provocado un daño, y, por ende, no corresponde a que Costa Rica, le pague ninguna indemnización”.
El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, destacó el triunfo que representa para el país el resultado.
“Este ha sido, posiblemente el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional”, expresó.
Se trató de un esfuerzo de siete años de defensa, enfatizó Valenciano.
“El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y de seguridad jurídica que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales”, agregó.
El equipo de defensa estuvo integrado por Comercio Exterior, Minae, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Geología y Minas, Procuraduría General de la República, peritos y la firma internacional Arnold & Porter Kaye Scholer.
