El Consejo de Transporte Público (CTP) le solicitó a la Procuraduría General de la República, una demanda formal contra las empresas que promueven y brindan de manera no autorizada el servicio público de transporte remunerado de personas, mediante aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas.
El objetivo es que se resuelva el cierre definitivo de esas operaciones en el país, ante la omisión de estas empresas de cesar sus operaciones pese a las solicitudes del Gobierno de la República.
Además, solicitan al Regulador General de los Servicios Públicos que le ordene a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), proceder a bloquear a Uber y Didi.
Manuel Vega, director ejecutivo del CTP, comentó la gran preocupación que existe por el riesgo que corren las personas a la hora de transportarse en un vehículo no autorizado ya que no tienen pólizas que cubran un accidente de tránsito.
Además, solicitan a la Policía de Tránsito que intensifiquen los operativos para combatir la prestación ilegal de servicios que brindan vehículos particulares a través de las plataformas tecnológicas.
Vega mencionó que a nivel país hay alrededor de unas 50 mil personas «que se dedican al transporte ilegal».
Agregó que al menos 11.400 personas concesionarias de taxi y sus conductores se han visto afectados en los últimos seis años por el incremento de los servicios ilegales.
Los registros de Concesiones y Permisos del CTP indican que entre los años 2000 y 2015, se devolvieron a la entidad, 17 placas de taxi por año, en promedio.
Entre el 2015 y 2018, 241 placas anualmente y entre el 2018 y 2020, 343 placas por año.
De lo que llevamos en 2021, ya se registran cerca de 30 placas devueltas.
“Hacemos un llamado vehemente a las distintas plataformas tecnológicas que brindan este servicio de forma ilegal, abstenerse de fomentar esta actividad en perjuicio del sector autorizado en esta modalidad”, concluyó Vega.
