De acuerdo a un comunicado de prensa del pasado 13 de abril, ante la convocatoria a audiencia que le realizó la Asamblea Legislativa a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, esta interpuso una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que considera que se dan violaciones flagrantes en un proceso de denuncia que sigue en su contra.
Según alega la Defensora, no se le ha dado a conocer la denuncia interpuesta, como tampoco ha tenido acceso al expediente, ni al traslado de cargos.
A razón de la existencia de la denuncia se conformó una Comisión Especial de Investigación Legislativa, que convocó a audiencia de destitución a la Defensora, según dice, “sin atender requisitos previos que exige el debido proceso y el derecho de defensa tutelados en el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Esta Comisión Legislativa se reunió por primera vez el 5 de abril e inmediatamente acordó convocar a audiencia de remoción del cargo a la Defensora 3 días hábiles después de esa sesión; “lo cual comporta una premura que no es de recibo, aún y cuando la actual Asamblea está finalizando funciones”, se manifiesta en el comunicado.
Ante esto, la Defensora ha invocado el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, Costa Rica, que establece el respeto al debido proceso.
Se espera que la Comisión Interamericana analice el caso de la Defensora costarricense teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por el país de cara al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Según expresó Crespo, “lo que está en juego, es la democracia y la institucionalidad, pero en especial, el derecho a defender los Derechos Humanos de los habitantes de Costa Rica”.
Los argumentos de la Defensora han sido respaldados por el Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, Eduardo Leblanc, a través de un pronunciamiento el 14 de abril.
