La Defensoría de los Habitantes catalogó la situación actual de la educación costarricense como una “emergencia nacional”, que profundiza las brechas existentes y atenta contra la posibilidad de que el país cumpla, para 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); concretamente con una “Educación de Calidad”.
En el reciente Informe Anual de Labores 2021-2022, presentado ante la Asamblea Legislativa, la Defensoría reitera que se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho fundamental a la educación, incluyendo las metas del ODS, relacionadas con una educación de calidad, en general, y en particular para aquellas poblaciones de estudiantes sin conectividad o conectividad limitada.
De acuerdo con el Estado de la Educación 2021, mientras que el porcentaje de personas graduadas de secundaria pasó del 46% en 2010 al 60% en 2021, la admisión a las universidades apenas se incrementó en cinco puntos porcentuales en el mismo periodo, pasando del 29% al 34%.
Otro dato revelador es que solamente el 30% de personas jóvenes de zona rural ingresaron a la universidad, frente al 70% de la urbana.
Ante este panorama, el ente defensor hace un llamado a las autoridades universitarias y hacendarias para que, de la mano de las medidas dirigidas a atacar las causas de la situación, enfoquen sus esfuerzos en la identificación y apoyo de estrategias puntuales para aumentar la cobertura y atacar las brechas de inequidad existentes en la educación superior.
“Entre otras acciones, se sugiere establecer metas de incremento progresivo en la cobertura de corto y mediano plazo, así como darlas a conocer a la población en general; procurando que el incremento de los recursos se refleje en un aumento proporcional de la cobertura y valorando el establecer cuotas de admisión para poblaciones históricamente excluidas a manera de acción afirmativa”, afirmaron en un comunicado.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la inclusión educativa, según registros de la Defensoría, un 13% del total de las denuncias recibidas en 2021, corresponden a la violación del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en su mayoría se refieren a la inaccesibilidad física de los centros educativos; “por lo que este ente defensor ha insistido en la importancia de invertir recursos en la remodelación de la infraestructura educativa”.
En cuanto al tema del estado de la infraestructura educativa en el país, existe un grave rezago, sobre el cual la Defensoría de los Habitantes se ha pronunciado reiteradamente, “sin que el Estado haya llevado a cabo acciones concretas para mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes ejercen su derecho a la educación”.
A febrero de 2022, el Ministerio de Salud informó de la existencia de 795 órdenes sanitarias emitidas a centros educativos, de las cuales 632 ya se encuentran vencidas, concentrándose la mayoría en las direcciones regionales Brunca y Huetar Caribe, lo que conlleva a que 19 centros educativos no reúnen las condiciones básicas para retornar de manera presencial este periodo lectivo.
Pese a esta realidad, contradictoriamente el presupuesto para infraestructura educativa fue reducido en más de un 60% para el año 2022, denunció la Defensoría.
