La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, celebró las conclusiones a las que llegó la Comisión Legislativa que investigó la actuación del Ministerio de Educación Pública (MEP) y las omisiones de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, sobre la aplicación de las Pruebas Nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), del pasado viernes 12 de noviembre de 2021.
Las pruebas fueron aplicadas a más de 77 mil niños de quinto grado.
La Defensoría de los Habitantes recibió múltiples quejas de padres de familia que describen las afectaciones sufridas por los niños que hicieron tales pruebas.
“Investigaciones que se encuentran abiertas y que serán enriquecidas con los hallazgos hechos por parte de la Comisión Legislativa que investigó esos mismos hechos”, señaló la Defensoría en un comunicado.
La Defensoría considera que los errores de diseño y de implementación de las pruebas “trasgredió derechos fundamentales, tanto de padres de familia, de encargados y menores de edad”.
Entre los hallazgos que se deducen del informe, según la Defensoría, “se acredita la vulneración del interés superior de los menores de edad de disfrutar de un ambiente físico y mental sano para su desarrollo pleno, establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y se violentaron derechos establecidos en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, debido a la información recolectada de forma obligada, sin el consentimiento de sus responsables”.
Crespo pidió al Presidente de la República, Carlos Alvarado; y, al Consejo de Gobierno, “establecer una Comisión que a lo interno del Poder Ejecutivo investigue, a partir del Informe Legislativo, las reformas que han de operar para garantizar que los errores detectados sean enmendados en pro de los miles de niños, que sufrieron de este acto de mal gobierno denominado Pruebas FARO”.
