La Defensoría de los Habitantes pidió este jueves 7 de enero, cuentas al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencia, sobre las condiciones que mediaron en todo el proceso de negociación para la compra de las vacunas contra el COVID-19.
La Defensoría de los Habitantes solicitó el fundamento legal que ampararía la supuesta declaratoria de confidencialidad que inicialmente se había esbozado como justificante para no informar a la población del precio de la vacuna adquirida a la empresa Pfizer.
Según la Defensoría no solo es importante conocer el precio del producto, sino, también individualizar las compañías farmacéuticas con las cuales se mantiene acuerdo de proveer la vacuna y los recursos económicos que se han cancelado a la fecha.
Adicionalmente se requirió conocer los aspectos que se valoraron para designar al proveedor del producto, así como los resultados que derivaron en la convalidación técnica, médico y administrativo.
También saber en qué cantidades y ante qué proveedor farmacéutico se han establecido convenios para la venta y adquisición de vacunas contra el COVID-19 y señalar las fechas tentativas en que se haría efectiva la entrega del producto.
Otro punto adicional de la solicitud enviada tiene relación en conocer la lista completa de funcionarios que mantuvieron la negociación con la empresa Pfizer, así como con las otras corporaciones farmacéuticas en el caso de la vacuna para la atención del COVID-19.
