Los diputados que integran la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia elevaron la voz de alerta por el peligro de desfinanciamiento y clausura que se cierne sobre albergues administrados por diversas organizaciones, con recursos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La denuncia nace en apoyo a la preocupación externada por la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin), ante la disminución sostenida en el presupuesto dirigida a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) residenciales, los hogares solidarios, así como los Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (Cidais) que subsidia el PANI, que no contarían con contenido presupuestario para el segundo semestre de 2022.
Según Uniprin, con el presupuesto designado para este año, se generará un déficit de ₡16 mil millones, requeridos para cubrir la transferencia a los programas sociales de atención y protección y a hogares solidarios.
De esta manera, señalaron, «los 11.857 niños que reciben atención en las alternativas quedarían sin protección».
La situación se agrava aún más para los 6.102 niños, niñas y adolescentes protegidos en las alternativas residenciales y hogares solidarios, ya que los albergues de PANI no cuentan ni con el espacio que se requiere, ni con personal suficiente, y lo más grave; no poseen la estructura ni la especialización necesarias para asumir la protección y atención integral de todos ellos, afirmaron mediante un comunicado de prensa.
Ante la gravedad de la situación, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia envió un oficio al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
“Pueda brindarnos las alternativas que están contemplando, para los 5.755 Niños, Niñas y Adolescentes quedarían sin atención integral diurna, así como los 6.102 Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en alternativas residenciales y acogimiento familiar, esto debido el faltante presupuestario de ₡16.507 millones aproximadamente, lo que generaría que el Patronato Nacional de la Infancia no pueda realizar las transferencias a dichos programas sociales”, manifestaron en el oficio.
La carta al jerarca lleva la firma de Carlos Felipe García (de Unidad Social Cristiana), presidente de la Comisión; Rosaura Méndez (Liberación Nacional), secretaria; Jonathan Acuña (Frente Amplio), Waldo Agüero (Social Democrático), Jorge Dengo (Liberal Progresista), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Francisco Nicolás (Liberación Nacional).
A mediados de junio, precisamente, la segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive, alertó de esta ausencia de dinero.
Munive había declarado en ese momento que buscaba soluciones para darle continuidad a la atención de adolescentes madres y sus hijos, personas menores de edad con discapacidad o enfermedades crónicas, víctimas de explotación o abuso sexual, menores en acogimiento familiar, entre otros, que son atendidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Declaró que las acciones se realizaban en conjunto con Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para mantener el contenido presupuestario a la atención de estos grupos.
