Este jueves 17 de setiembre se realizó una audiencia más en el Plenario Legislativo donde se ejecuta una “Intervención Proceso Sancionatorio Disciplinario” contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
“La Defensora se queda”, manifestó en sus redes sociales la diputada del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC) e integrante de la Comisión Especial, María Inés Solís, explicando que no se logró identificar, ni individualizar ninguna falta cometida por la Defensora en el ejercicio de sus funciones.
Solís dijo que “al no comprobarse conductas reprochables en su actuación que violentaran el ordenamiento jurídico, la Defensora debe quedarse en su cargo”.
Según señaló Solís, los legisladores realizaron una investigación seria, responsable, transparente y objetiva, cumpliendo con la metodología aprobada, el debido proceso, respetando las garantías constitucionales de la persona investigada y buscando la verdad real de los hechos.
Además, tomaron en consideración las causas de cesación de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, artículo 6, estas son: renuncia a su cargo, muerte o incapacidad sobreviniente, negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo, incurrir en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley o haber sido condenado, en sentencia firme, por delito doloso.
Durante la audiencia los legisladores tomaron pruebas testimoniales y documentales.
Las denuncias y conflictos en contra de Crespo surgieron cuando envió el informe al Ministerio Público, por la pérdida de un audio que contenía datos sobre la reunión con el Presidente de la República, Carlos Alvarado, en Casa Presidencia sobre el caso de la Unidad de Datos Presidencial (UPAD).
