Más de 3.000 familias que se encuentran en la Milla Fronteriza ubicada entre Costa Rica y Nicaragua viven la angustia y la zozobra de ser desalojados por el Estado costarricense.
La diputada Nidia Céspedes del Partido Nueva República, explicó a Noticias Santa Clara que el 28 de junio de 2021 vence una moratoria, es decir, las personas de nacionalidad costarricense y nicaragüense que viven en el sector deberán irse.
Céspedes pide al presidente de la República, Carlos Alvarado, mediante un oficio, convocar el expediente 22.309 e insiste en la urgencia de ampliar la moratoria.
A la diputada le preocupa la situación que viven los niños, jóvenes, adultos y adultos mayor en ese sector en medio de la pandemia del COVID-19.
Céspedes protestó durante 44 días de pie y descalza en el Plenario Legislativa para que se trabajara en una nueva moratoria.
Explicó que “el Gobierno de la República trabaja en un proyecto llamado: Derecho de Utilidad Ambiental, iniciativa que está llena de vacíos legales y técnicos señalados por el Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y un contundente cuestionamiento de la Contraloría General de la República”.
“Lo más preocupante es que estas familias desconocen casi por completo el proyecto”, expresó.
“No se vale jugar con más de 3.000 mil familias que no son botín político de nadie y merecen ser tratados con respeto y dignidad”, agregó.
El proyecto debe ser votado por los diputados de la Asamblea Legislativa.
