El pasado 1 de marzo, un grupo de diputados que integran la Comisión Especial de Educación, entre ellos, el congresista sancarleño, Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático, en conjunto con los representantes de los Sindicatos de Educación de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE); y, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), presentaron un nuevo proyecto de ley.
Se trata de la iniciativa 23.593, “Reforma parcial a la ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, Ley 9.999, del 27 de agosto de 2021”.
“Esta ley cuenta con falencias que debemos atender, por ejemplo, ante la sola denuncia por un presunto maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, por parte del docente o personal administrativo, en contra de un estudiante, el Ministerio de Educación Pública (MEP) en forma inmediata, suspende o reubica al afectado sin las garantías procesales debidas. En este caso la ley no establece con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada”, compartió Rojas a través de sus redes sociales.
El diputado contó a Noticias Santa Clara que el objetivo del proyecto de ley es garantizar los derechos de los menores de edad en el sistema educativo.
Añadió que otra de las intenciones del proyecto 23.593 es establecer procedimientos administrativos de defensa para la persona denunciada, para evitar traslados o suspensiones sin antes existir un debido proceso.
“Este proyecto será un aporte importante para el sistema educativo costarricense; y, esperamos con esto, de cierto modo, satisfacer la necesidad de que el docente o el funcionario en general del MEP, tenga al menos, el debido proceso o la claridad, de que no es por cualquier situación que va a necesitar una reubicación”, manifestó.
Recalcó que, a causa de las reubicaciones, el MEP debe hacerse cargo del funcionario sancionado como del suplente.
