Este miércoles 29 de setiembre, el Plenario Legislativo rechazó la liquidación del Presupuesto Ordinario de 2020 presentado por el Poder Ejecutivo.
Lo anterior fue porque la Contraloría General de la República encontró una serie de inconsistencias como recursos no registrados e incertidumbre sobre algunas cifras. De acuerdo con la Contraloría, esto dificulta la gestión financiera y la fiscalización de los recursos públicos.
La diputada sancarleña María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, enfatizó que el criterio del órgano contralor envía señales de alerta más graves que en años anteriores.
Aseguró que lo que hay son problemas de manejo y ejecución del presupuesto, deficiencias que no se logran corregir con el paso de los años y que son contraproducentes para la toma de decisiones.
El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, señaló que, aunque la crisis provocada por la pandemia impactó los ingresos corrientes del Gobierno, el Poder Ejecutivo nunca tomó medidas para que grandes empresas contribuyeran a mitigar esos efectos.
Villalta criticó los recortes que se han realizado en programas sociales y citó el caso de educación y vivienda que condena a miles de personas a no satisfacer sus necesidades básicas.
Los diputados ordenaron al Ministerio de Hacienda ajustar las metas fiscales del país a mediano plazo y que informe, en un plazo no mayor a 15 días, el impacto que han tenido los diferentes préstamos que esta Asamblea Legislativa ha aprobado desde 2018.
A la Contraloría, por su parte, se le ordena investigar las irregularidades señaladas en la liquidación y presentar, en 90 días, las razones puntuales que llevaron a estos y siente las eventuales responsabilidades que existan.











