Durante los últimos 14 años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha concretado múltiples gestiones, propuestas y solicitudes ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para encontrar una solución al déficit de la red de acceso fijo.
En 2008 –recién publicadas las leyes de apertura del mercado de telecomunicaciones– el Instituto presentó una solicitud de rebalanceo de precios ante la Sutel, la cual fue desestimada.
“En 2010, el mismo Consejo de la SUTEL, en su acuerdo N.° SUTEL 020-070-2010, reconoció el papel vital que representaba la red pública de telefonía fija del ICE para el desarrollo del país, además de su obligación de aplicar los principios rectores y disponer de los criterios técnicamente fundamentados para su sostenibilidad y su desarrollo”, dice un comunicado de prensa del ICE.
Para lo anterior, según el ICE, la Superintendencia dispuso “iniciar el análisis de la sostenibilidad y desarrollo de la red fija asociada con la prestación del servicio telefónico básico tradicional, ante el marco de la apertura de las telecomunicaciones; promover espacios de diálogo con especialistas internacionales en la materia y obtener un análisis concreto que le permita al Consejo de Sutel contar con un criterio técnico para tomar las decisiones que se pudieran establecer sobre el fortalecimiento de la red pública de telecomunicaciones asociadas con la prestación del servicio telefónico básico tradicional”.
“Ninguna de las disposiciones anteriores fue ejecutada por la Superintendencia”, dice el ICE.
Por otra parte, en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, el Instituto se mantuvo firme en los requerimientos ante la Sutel para abordar la solución al déficit y presentó soluciones concretas que no fueron consideradas por el Regulador.
“De parte de Sutel tampoco hubo propuestas alternativas de solución, por lo que el ICE continuó financiando con sus recursos la prestación de los servicios de su red fija. Como resultado, acumuló un déficit, entre 2015 y 2020, de más de ₡453 mil millones”, dice la institución.
“Hemos asumido de manera responsable y solidaria la obligación otorgada por la ley. No obstante, esa obligación no fue acompañada del rebalanceo necesario ni de alguna medida compensatoria. Esto llevó a que la reserva de ley se haya convertido en una carga insostenible para el Instituto, que se duplica al tener que cumplir con los aportes a Fonatel”, manifestó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.
