- Esto debido a un informe emitido por la Defensoría, donde especifica que el AyA y el ICE conocían que había agua para consumo humano contaminada con arsénico en la Zona Norte y Guanacaste, pero mantuvieron la información “oculta” ante la prensa y la población.
Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes entre 2013 y el 2016, dio seguimiento a problemas con el agua en poblados de Guanacaste y la Zona Norte y al cumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional que obligaba al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), su Laboratorio Nacional de Aguas, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a indagar sobre el tema e informar a la población.
Según el informe final de la Defensoría emitido el pasado lunes 20 de noviembre, el AyA registró datos de contaminación de arsénico (superior a 10 microgramos por litro, que es el establecido por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable) en los sitios antes mencionados.
La investigación asegura que hubo intención de mantener los hallazgos sobre contaminación con arsénico fuera del ojo público.
Según Monserrat Solano, defensora de los Habitantes la investigación arrojó que desde el año 2009 las instituciones mencionadas tenían conocimiento del problema de contaminación del agua con arsénico, pero se mantuvo oculto a la población y a los medios de comunicación hasta setiembre de 2011.
“La información en poder del ICE, de haber sido puesta a disposición, pudo haber advertido de las posibilidades de exposición a prestadores del servicio, vecinos y entes con competencia en la protección del recurso”, afirmó la Defensora.
Sin embargo, el ICE sale en respuesta de esta publicación realizada por la Defensoría y rechaza categóricamente haber omitido información que revelara la presencia de arsénico en las aguas para el consumo humano en Guanacaste y San Carlos, tal y como lo indica el informe.
La gestión del ICE siempre ha sido transparente y responsable con el entorno. En ningún momento la Institución ha sido omisa en informar aspectos que pongan en riesgo a estas poblaciones; por el contrario, en diferentes campos asociados a su especialidad técnica, aporta información vital para el bienestar de las comunidades, expresa un comunicado de prensa.
Debido a esto, el Instituto Costarricense de Electricidad presentará ante la Defensoría de los Habitantes un Recurso de Reconsideración, ya que según ellos cuentan con argumentos técnicos que desmienten la información divulgada.
