Los primeros nueve meses de 2020 reportaron el pago de más de ₡37 millones por acarreo de vehículos hacia los planteles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Consejo de Seguridad Vial, tras la comisión de faltas que ameritaron el decomiso del automotor involucrado en una infracción.
En el mismo periodo los infractores pagaron ₡127 millones por la custodia de los vehículos.
El objetivo de cobrar a los conductores y dueños registrales de los vehículos estos rubros, a precio de costo, es para que no sea el Estado el que deba incurrir en gastos producto de faltas de los infractores que, finalmente, en caso contrario, se pagaría con los impuestos de todos los costarricenses.
Circular bajo los efectos del alcohol, tener el vehículo mal estacionado o conducir sin licencia registrada, fueron tres de las razones por las que los infractores tuvieron que desembolsar poco más de ₡164 millones por concepto de acarreo y custodia del automotor.
