El director del Instituto de Control de Drogas (ICD), Sergio Rodríguez, solicitó a los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, que la dependencia que encabeza sea excluida de la Regla Fiscal, pues “la aplicación de la misma redujo su presupuesto en más del 60%, a pesar de contar con recursos adicionales para el cumplimiento de sus funciones”.
Rodríguez acudió ante los congresistas quienes se interesaron en las políticas, planes y estrategias para la prevención contra las drogas y el combate al narcotráfico, así como las iniciativas de ley que requiere dicho ente rector para hacer más eficiente su trabajo.
El titular del ICD explicó a los legisladores que la dependencia que encabeza cuenta con las transferencias del Gobierno, en el Presupuesto Nacional, para el pago de salarios y servicios públicos, pero, además, por ley, “disponen de los dineros en efectivo, o por venta y demás medios, provenientes del narcotráfico que son destinados a los programas preventivos”.
Especificó que, en 2020, el presupuesto fue de más de ₡10.600 millones, pero que en los últimos 2 años; e, incluso para 2023, el mismo sufrió un recorte de más del 60%, debido a la regla fiscal, “a la incorporación del ICD a su ministerio madre que es el de Presidencia y a otras medidas de Hacienda”.
De acuerdo con Rodríguez, los intereses que generan los dineros provenientes de los decomisos al narcotráfico, y que se encuentran en la caja chica del Estado ascienden a más de ₡2.500 millones anuales, los cuales sirven para la implementación de programas preventivos y represivos.
El presidente de la comisión, el legislador Gilbeth Jiménez, se refirió a la importancia de que la ciudadanía contribuya en el trabajo preventivo contra el crimen que hacen las autoridades, denunciando los delitos de que tengan conocimiento para que no pierdan la fe en las autoridades nacionales.
