El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), con el apoyo del Programa Mesoamérica Sin Hambre, lideran una iniciativa conjunta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Se trata del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030.
Este impulsa acciones que garantizan el desarrollo integral e inclusivo de la agricultura familiar con el objetivo de fortalecer las capacidades de productores y productoras, la generación de ingresos y el fomento de sistemas alimentarios saludables, culturalmente apropiados y sostenibles.
Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, considera que en el contexto de la pandemia “la reactivación económica vendrá del campo y que los agricultores familiares serán un sector prioritario, no solo para alimentarnos, sino también para salir adelante de la crisis social económica que generó la misma pandemia».
Enfatizó que la agricultura familiar es la base de la seguridad alimentaria y de los sistemas alimentarios sostenibles, según los últimos datos del Censo Agropecuario, el 55% de las explotaciones agrícolas son dedicadas a la agricultura familiar.
Además, genera el 36% del empleo sectorial y contribuye al 39% del Producto Interno Bruto sectorial.
Las fincas de la agricultura familiar representan más de la mitad de las fincas censadas en el país, lo que evidencia su relevancia para la economía y el desarrollo social.
El Plan fomenta el desarrollo de marcos jurídicos que impulsan políticas diferenciadas para las agricultoras y agricultores familiares, resalta la importancia de la generación de oportunidades para la juventud rural; y busca contribuir en la disminución de las tasas de migración de jóvenes a la ciudad en busca de empleos y una mejor calidad de vida.
Según la FAO, las mujeres son esenciales para garantizar el bienestar de sus familias y las comunidades rurales.
El Plan señala la importancia de la asociatividad y la organización de productores familiares que les permitirá un mejor acceso a los mercados de insumos y productos, a los servicios sociales técnicos y financieros.
La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático que sufren las comunidades rurales resalta la necesidad de implementar medidas para mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático de la agricultura familiar.
