“Tras conocer una investigación realizada por una comisión del propio Ministerio de Salud, esta cartera abrió un procedimiento disciplinario a dos funcionarios, los cuales, presuntamente, otorgaron de manera irregular doce permisos de habilitación”.
De esta forma, el Ministerio de Salud informó por medio de un comunicado de prensa lo que son presuntas anomalías al otorgar permisos para habilitar ambulancias.
La denuncia se hizo pública en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, este miércoles 5 de julio, por parte del mandatario de la República, Rodrigo Chaves; y la Vicepresidenta y Ministra de Salud, Mary Munive.
La investigación empezó desde finales del año 2022 y los hechos, aparentemente irregulares, sucedieron en 2019. Hasta el momento, se han detectado diferentes inconsistencias relacionadas, entre otras cosas, con la declaración de domicilio y sede de la empresa solicitante.
El periodista Arnold Zamora, de Casa Presidencial, antes de la presentación que hizo la Ministra de Salud, habló que estos casos de presuntas anomalías se dieron en la Región Huetar Norte. Al mismo tiempo, el presidente Chaves aseguró que se sigue trabajando contra la corrupción.
Munive señaló varios ejemplos de cómo se dan hechos de corrupción en los cuales el funcionario público no cumple con su deber ante la ciudadanía.
Ante el caso específico del otorgamiento de permisos para habilitación de ambulancias, resaltó que ya se dio la denuncia ante la Fiscalía de Probidad.
En el comunicado de prensa emitido tras el anuncio en la conferencia, se agrega: “Por otro lado, es cierto que la empresa solicitante presentó la documentación establecida para el otorgamiento de los permisos, sin embargo, no consta en los expedientes que los funcionarios hayan verificado el cumplimiento de los requisitos. Este último es un procedimiento que se estipula legalmente como indispensable”.
De comprobarse lo que se menciona en los informes, se estaría violando la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, el deber de probidad y se estaría incurriendo en delitos como peculado, prevaricato, entre otros.
Además, como lo dijo la Ministra de Salud, se estaría favoreciendo el mal uso de recursos públicos y, eventualmente, se estaría poniendo en riesgo la salud de los costarricenses al autorizar irregularmente las operaciones de un servicio.
