Desde hace aproximadamente tres años, el Ministerio Público detectó un incremento en los casos de personas a quienes grupos delictivos despojaron de sus propiedades, mediante el fenómeno criminal del fraude notarial o registral.
El Fiscal Adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez López, detalló durante el programa FrecuenciaMP, que la problemática ameritó definir una política para atacar esa delincuencia; estrategia que dio sus resultados en el año 2020, con la acusación de 33 notarios públicos, solo en San José.
«Alrededor del fenómeno estamos encontrando delitos como falsedad ideológica, suplantación de identidad y estafa, entre otros; por eso, una serie de notarios ya fueron identificados y están siendo investigados en una lista de objetivos del Ministerio Público», explicó el especialista.
Ramírez apuntó que las maniobras utilizadas para despojar a las personas de sus lotes, fincas o casas incluyen trámites como traspasos, donaciones y ventas, todos realizados de manera ilegal y utilizando documentación falsa para efectuarlos ante las autoridades correspondientes.
Para abordar la problemática, el Ministerio puso en marcha una política de persecución penal que incluye métodos de análisis criminal y un trabajo interinstitucional, que involucra al Organismo de Investigación Judicial, el Registro Nacional de la Propiedad) y la Dirección Nacional de Notariado.
Además de las personas extranjeras, las organizaciones criminales tienen entre sus víctimas preferidas a personas adultas mayores, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El funcionario realizó un llamado de atención a la ciudadanía, para adoptar como medida preventiva realizar al menos tres revisiones al año del estado registral de las propiedades ante el Registro Nacional, trámite que se puede efectuar por medio del sitio web de dicha institución.
