«Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país».
De este modo los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica se manifestaron sobre la situación que se vive en el país ante la puesta en marcha de la subasta ordenada por el Poder Ejecutivo y diseñada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el uso del espectro de radio y televisión.
«La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital», advirtieron los pastores de la Iglesia costarricense.
Los obispos pidieron en su comunicado «repensar el criterio de subasta» y «considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión».
Sobre el servicio brindado por la radio y la televisión católica destacaron que «existe para servir». «Su aporte no se mide por ingresos, sino por la cantidad de conciencia que despierta, por el acompañamiento espiritual que brinda, por la palabra de consuelo que ofrece, por el alivio que llega a quienes viven solos, enfermos o en zonas rurales».
En el documento emitido este lunes 24 de noviembre se preguntan: «¿Debe extinguirse ese servicio simplemente porque otro actor puede pagar más por una frecuencia? Sería una victoria económica pero una derrota moral para el país».
«Reconocemos y valoramos el aporte de los medios no confesionales, sean nacionales, comunitarios, culturales, educativos o independientes. Ellos también cumplen una misión social insustituible: dar voz a quienes no la tienen, acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano. La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico», afirmaron.
Sobre la importancia de la pluralidad en resguardo de la libertad de expresión, mencionaron: «La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos».
En un llamado vehemente, reiteraron: «no reduzcamos las frecuencias al mejor postor. Pensemos un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación. El país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos».
«Cuidar las frecuencias no es cuidar a una institución. Es cuidar el derecho de nuestro pueblo a una palabra libre, diversa, responsable y profundamente humana», dice el comunicado firmado por el Obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Mons. Javier Román Arias.
