Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica se manifestaron desde su misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.
Hicieron un repaso que en más de dos décadas la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal, tales como deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad.
“Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños”, declararon.
“La indiferencia no es una opción moralmente válida”, enfatizaron.
Desde la Iglesia, recordaron que el desarrollo auténtico “no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades”.
“La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación”, señalaron.
Para abordar su mensaje, recordaron la Encíclica Caritas in Veritate, del Papa Benedicto XVI, en el cual se dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural.
“El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, decía el Papa Benedicto XVI.
Los obispos invitan “a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo”.
Añadieron que “la superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos”.
En el mensaje publicado este martes 14 de abril, expresaron que la Iglesia no es una instancia técnica ni política, pero sí manifiesta la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común.
“Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad”, comentaron.
Recordaron también que para un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, la justicia, la paz social y el cuidado de la creación deben caminar siempre unidos.
