Este viernes 28 de agosto la conferencia Episcopal de Costa Rica hizo llegar una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Toda vida humana merece ser cuidada y salvada”, exaltaron los Obispos de Costa Rica, haciendo referencia a la atención a pacientes en medio de la segunda ola pandémica de COVID-19.
Para los Obispos el potencial peligro del colapso de los sistemas de salud durante la pandemia, como la escasez de camas de cuidados intensivos, falta de ventiladores, equipo de protección personal y medicamentos es preocupante.
En el peor de los escenarios, recordemos que la CCSS emitió «un protocolo para delimitar una materia tan delicada desde el punto de vista deontológico y moral”, en el sentido de que ante una eventual ola pandémica se daría prioridad en atención a aquellos pacientes con mayores dificultades y que cumplan con determinadas características.
En otras palabras, se seleccionaría a quien sí y a quien no atender.
En momentos críticos los Obispos de Costa Rica le solicitan y brindan a la CCSS los siguientes puntos:
1. El centro de toda la atención y ética médica es y será siempre la persona, el ser humano, creado en dignidad a imagen y semejanza de Dios.
2. La continua Promoción del sistema sanitario costarricense, creado y mantenido en el tiempo para brindar la atención médica necesaria, generalizada y no excluyente.
3. El recordatorio constante al ciudadano y a todas las instituciones públicas y privadas del país, acerca del valor esencial que la vida supone como don de Dios y, por lo tanto, inviolable y objeto de todo cuidado en todos los extremos.
4. El criterio fundamental del acto médico sustentado en el más alto ejercicio de la ética médica, debe estar basado en las probabilidades objetivas de supervivencia de cada paciente y el mayor, mejor consenso científico disponible en el momento de la valoración. Esto sin detrimento ni diferenciación respecto de cada paciente. ante las posibilidades sanitarias que se ofrezcan y ante su estado de salud sea cual sea.
5. No pueden ser criterios de priorización ni el orden de llegada a los servicios de urgencias hospitalarias, ni la edad de los pacientes, ni su sexo, ni su status social o económico, ni su grupo étnico, ni su credo, ni el costo del tratamiento, ni el estado en que se encuentre.
6. No en todas las situaciones clínicas muy avanzadas y con carácter irreversible se debe proceder al ingreso hospitalario, pero siempre debe considerarse para estos enfermos la oportunidad de la atención humanitaria paliativa.
7. El establecimiento de expectativas de vida a corto plazo es aceptable, incluso para no caer en el encarnizamiento terapéutico, aunque es claro que definir límites a mediano plazo constituye una toma de decisión muy arriesgada que se debe realizar con carácter extremadamente excepcional.
8. No se puede abandonar a ningún paciente que necesite cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que exista un riesgo vital inminente e inevitable.
9. Ningún protocolo de acatamiento obligatorio podría llenar todas las aristas tan complejas de una situación única como lo es el abordaje de una Pandemia de este nivel; visto lo cual consideramos que son los principios deontológicos y morales de cada profesional los que deben primar en el contexto del manejo clínico en condiciones extremas de estrés para el sistema sanitario costarricense. Esto debe procurar que el Colegio de Médicos y Cirujanos ofrezca un esencial Vademécum con fundamentos deontológicos que, aunque conocidos, apelen a la conciencia y a los principios éticos no solamente del médico, sino de todo el personal sanitario, particularmente cuando haya que tomar decisiones en situaciones extremas.
10. Que ninguna persona quede excluida bajo, ninguna circunstancia, de la atención médica; prevalecerá siempre el bien y el valor supremo de la persona y de su vida.
11. Como lo ha reiterado la Sala Constitucional de Costa Rica, es necesario reafirmar, con toda firmeza, que nada ni nadie puede autorizar la muerte de ningún ser humano de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política, ya sea por acción, o por omisión. Ninguna autoridad puede legítimamente imponer la eutanasia ni activa ni pasiva, ni permitirla, pues sería una ofensa a la dignidad del ser humano, un crimen contra la vida y un atentado contra toda la humanidad.
12. La citada Sala Constitucional es la garante del respeto a los derechos humanos de nuestro país. El artículo 211 de la Constitución Política es el que ampara el derecho a la salud, ya que el derecho a la vida tiene una clara dependencia con el acceso a los servicios de salud adecuados y oportunos. Esto último ha sido establecido por la Sala Constitucional mediante votos 5527-94, 2233-93 y 1755-90, entre otros.
13. Por otra parte, el artículo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone la competencia de la Sala Constitucional y en su inciso b) señala que debe garantizar los derechos consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional.
14. Por último, la norma 33 constitucional señala el derecho a la igualdad de trato ante iguales. A la luz de esas normas, es incuestionable la condición de derecho humano que tiene el derecho a la salud de todos los ciudadanos sin discriminación.
Finalmente recordaron que “La vida humana es inviolable” y encomendaron a la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles el bien y la salud del pueblo costarricense.
La nota es firmada por Mons. José Manuel Garita Herrera y Mons. Daniel Francisco Blanco Méndez, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal.











