Tras la entrada en vigencia de la Ley 9.859, una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, llamada “Ley de Usura”, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) se pronunció insistiendo en la urgencia de contar con un pacto comercial entre clientes y bancos para salir ilesos.
Recientemente el Banco Central de Costa Rica publicó las tasas a partir de las cuales se tendría el delito de usura, con sanciones de cárcel o días multa.
Danilo Montero, director general de la OCF, señaló que estos eventos son un reflejo de las transformaciones que tendrá la industria financiera, de la misma manera que lo está haciendo a nivel mundial.
La OCF detalla que la “Ley de Usura” contiene elementos positivos que quedan mejor definidos a como estaban en el pasado.
Montero insiste en que es momento para que las entidades financieras redefinan el perfil de clientes que quieren para los años por venir, informen sobre el detalle de ese perfil, y que los productos se diseñen conforme a esas nuevas pautas.
Señaló que una entidad bancaria privada en nuestro país ya anunció que suprimirá miles de tarjetas de crédito a casi ochenta mil clientes, una medida que podrían repetir otras entidades financieras como parte de un ajuste estratégico.
Enfatizó en que la “Ley de Usura” y el COVID-19 impulsan a la transformación del Sistema Financiero Costarricense.
La OCF asegura que es necesario que los consumidores inicien a revisar sus hábitos financieros, en cuanto al uso excesivo del crédito y en la importancia de comenzar a ahorrar.
