Este martes 14 de abril, 40 diputados presentaron el proyecto de Ley 21.922, este autoriza la flexibilización del gasto en municipalidades y concejos municipales de distrito para atender la emergencia, el cual concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los contribuyentes.
En el caso de las personas que pagan impuestos y servicios municipales se establecen una serie de moratorias en los pagos:
-De tres trimestres a partir del trimestre de cobro vigente en la declaración del estado de emergencia en el pago de impuesto por patentes lucrativas. Para ello, el contribuyente debe demostrar una afectación del 20% de la actividad lucrativa.
-De tres trimestres o nueve meses (dependiendo del gobierno local) por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales.
-De nueve meses por el pago del arrendamiento de locales en mercados municipales. La persona deberá demostrar una afectación del 20% de la actividad lucrativa.
Además, los contribuyentes podrán negociar arreglos de pago este año para cancelar obligaciones por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión.
Quien posea una licencia de patente podrá solicitar a la municipalidad la suspensión de la misma hasta por un año y no pagar el impuesto correspondiente ante casos de emergencia. Podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, y a partir de ahí se reinicia el cobro.
La iniciativa de ley se negoció en la mesa de temas municipales, coordinada por la diputada sancarleña María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN).
El proyecto contempla la posibilidad que para este 2020 y el próximo, los gobiernos locales puedan aplicar excepciones en materia de gasto.
Se permite, por ejemplo, autorizar la ampliación del límite de gasto administrativo del 40% de acuerdo con la Ley de Bienes Inmuebles para la atención de la emergencia o del 50% para estos mismos efectos, cuando se trata de los ingresos ordinarios establecidos en el Código Municipal.
También, considera aplicar una excepción para que los municipios y concejos municipales no transfieran en el 2020 y 2021 el 1% de lo recaudado al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda ni el 3% de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional.
Se autoriza, además, a los bancos estatales y al Banco Popular a negociar una readecuación de deudas que tengan los gobiernos locales con estas instituciones en las condiciones de los créditos vigentes.
“De cara a la etapa que se aproxima necesitamos municipalidades fuertes, sólidas, que cuenten con una gestión administrativa eficaz”, aseguró la diputada de PLN.
