Este jueves 15 de octubre el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal ante las autoridades judiciales contra los líderes del movimiento que bloqueó vías del país y efectuó actos de vandalismo desde el 30 de septiembre, así lo confirmó Casa Presidencial.
La denuncia fue firmada por los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto; de Seguridad Pública Michael Soto; y la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.
La acusación recae ante la atribución de los denunciados como representantes de diversos sectores para incitar a la ciudadanía a bloquear calles.
Los hechos provocaron que manifestantes obstruyeran puertos, calles y vías principales de las rutas más importantes del país, ocasionando entorpecimiento de servicios públicos, así como actos violentos y vandálicos.
“Todo lo anterior, a pesar de que el Poder Ejecutivo no avanzó con la propuesta al Fondo Monetario Internacional e hizo un llamado al diálogo con representantes de diversos sectores del país, acción que fue rechazada por estos representantes que insistieron en instigar públicamente a la ciudadanía para mantener los bloqueos”, dice el comunicado oficial.
La denuncia agrega que, a pesar de que uno de los creadores e instigadores públicos, el señor José Miguel Corrales, al reconocer que el crimen organizado se infiltró en el movimiento creado por él y Célimo Guido, decidió apartarse del mismo, su co-líder, el señor Guido Cruz, ha continuado arrogándose la representación del movimiento y demás sectores productivos y civiles.
Los denunciantes apuntan que los acusados incidieron en los bloqueos y la violencia, al punto de que han validado actos de amotinamiento, atentado contra funcionarios públicos por medio de ataques con objetos contundentes y hasta incendios provocados con el fin de atentar con la integridad de cuerpos policiales para que estos no cumplan con su función de resguardar el libre tránsito y la protección de la ciudadanía.
La denuncia señala que tanto los líderes del movimiento como los demás sujetos, cuya identidad se ignora y se debe investigar, sean responsables de delitos como asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión y responsabilidad de los promotores y directores, los cuales atentan contra la tranquilidad pública, poderes públicos, la autoridad pública y la seguridad común.
“De todo lo anterior existe abundante prueba tanto en medios de comunicación, redes sociales, que son de conocimiento público, así como la que ha sido aportada junto con la denuncia presentada ante la Fiscalía General”, señala Casa Presidencial.
