“El accionar operativo del Poder Judicial se verá seriamente afectado por el recorte presupuestario que aplicó el Ministerio de Hacienda, a la propuesta de plan de gasto para el año 2023 que presentó el Poder Judicial. La rebaja es por ¢7.838 millones”.
De este modo, por medio de una nota en su sitio web oficial, el Poder Judicial mostró su preocupación, tras la comunicación remitida por las autoridades hacendarias de la reducción presupuestaria, “sin la debida coordinación y consulta, pese a que las propuestas judiciales de presupuesto para 2023 se apegaron a las normas de contención de gasto establecidas por el Ministerio de Hacienda y cumple con el límite fiscal establecido. Con lo cual se ponen en riesgo varias partidas”.
Durante la sesión de Corte Plena del 5 de setiembre 2022, se analizaron las partidas afectadas para el año 2023, cuya exposición estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
“El impacto negativo se evidenció en estas áreas: programa de víctimas y testigos, alimentación de personas privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales”, dice la comunicación.
La reducción aplicada por las autoridades hacendarias representa para la institución un impacto negativo en aspectos puntuales como la compra de chalecos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a su vencimiento y pago de horas extras como se indicó, ya que la labor policial de investigación y las diligencias judiciales, en muchas ocasiones, no es posible detenerlas.
A esto se suma una disminución en la partida de gastos confidenciales y de viáticos al interior para diligencias propias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; al respecto se detalla que estos últimos recursos se destinan a la atención de personas víctimas, lo que permitió, en los dos últimos años, atender más de 50 mil personas.
“También se afecta el pago de pólizas de riesgos del trabajo de todo el personal judicial, recursos formulados para el resguardo de la vida de personas servidoras que exponen su vida en ejercicio del cargo dadas las funciones que realizan especialmente en el ámbito policial”, agregaron.
El próximo año con esta reducción, “se verá afectado lo correspondiente a la alimentación de personas privadas de libertad, que se encuentran en celdas judiciales. Esta es una obligación que la institución no puede obviar pues se trata de tutela de derechos humanos”.
Entre otras afectaciones detallaron que se limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos, así como afectación en alquiler, mantenimiento, reparación, servicios de transportes y eléctricos.
