Con el propósito de atenuar el golpe de las alzas de los combustibles, el Poder Ejecutivo presentó este viernes 18 de marzo, el proyecto de Ley 22.966, que establece un crédito fiscal para los sectores de transporte público, el transporte de carga y las actividades agrícolas, como un mecanismo de compensación en su consumo de gasolina o diésel.
De esta forma, el Gobierno afirma que avanza con las acciones que dio a conocer el lunes 14 de marzo, en un plan para defender la economía ante los fuertes impactos por el ataque de Rusia a Ucrania, durante una reunión con las jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa.
Además, se autorizaría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para que pueda presupuestar ₡1.095 millones adicionales, con el fin de que apoye a los agricultores desarrollando dos proyectos relacionados con la producción de semillas y de bioinsumos como alternativa a los fertilizantes.
Debido a esto se exceptuaría al MAG, de la aplicación de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9.635, con la finalidad de lograr este apoyo al sector agropecuario.
El mencionado crédito fiscal para los sectores más afectados por los incrementos en los combustibles consiste en la deducción del impuesto sobre la renta de un máximo de entre ₡78,15 y ₡92,4 por cada litro de gasolina o diésel adquirido.
Esta medida se podrá aplicar durante tres meses a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario oficial La Gaceta.
En el proyecto se modifica también la forma como se realiza el ajuste al precio de los combustibles durante tres meses y se plantea una serie de medidas para bajar el precio final: la reducción de costos de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la utilización de los precios efectivamente pagados por los combustibles y la reducción del margen de ganancias en su comercialización y transporte.
“Instamos a los diputados a que apoyen con su voto estas acciones que van en beneficio de los costarricenses”, aseguró Elian Villegas, Ministro de Hacienda.
El proyecto propone también, dejar sin efecto la actualización de los precios solicitada por Recope, el 11 de marzo de 2022.
Debido a esto, Recope tendría que presentar una nueva actualización de precios ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, dentro de los 5 días siguientes a que la Ley entre en vigencia.
