Este martes 10 de noviembre, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron el proyecto de ley 21.336, “Ley Marco de Empleo Público”.
La iniciativa crea un régimen unificado de empleo público conformado por ocho familias de puestos.
Además, le da la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y no en manos del Servicio Civil como ha sido hasta ahora.
Entre otras cosas, el proyecto también establece un salario global que elimina los pluses salariales que reciben actualmente los empleados del sector público.
Víctor Morales Mora, diputado oficialista y quien preside la Comisión, explicó sobre este último punto, que la aplicación inmediata del salario global será exclusivamente para aquellos funcionarios públicos de nuevo ingreso.
Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que este proyecto es insalvable e inviable, que se está frente a una propuesta inconstitucional, que se realizó sin consensos y a espaldas de las Cámaras Empresariales y los Movimientos Sociales y Sindicales.
Por su parte, el legislador verdiblanco Roberto Thompson, indicó que es momento de trabajar por un Estado sostenible y eficiente que atienda las necesidades de la gente.
También manifestó que el actual proyecto en discusión no resuelve integralmente el problema que se está enfrentando.
Thompson reclamó que esta propuesta no hace al Estado más eficiente y transparente, por el contrario, desmantela y debilita órganos como el Servicio Civil, una instancia imparcial que no está sujeta a ningún ministro o jerarca de turno.
Esta nueva legislación indica que es aplicable a todas las personas servidoras públicas de los Poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sus órganos auxiliares y adscritos y al Tribunal Supremo de Elecciones.
Además, se aplicará a todo el sector público descentralizado institucional conformado por: instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas también es sujeto de aplicación de esta ley.
Ahora la iniciativa continuará su trámite en el Plenario Legislativo, que incluye la posibilidad de que se presenten nuevas mociones de fondo al texto, vía artículo 137 las cuales serían conocidas en el seno de la comisión, luego de esto los diputados aún pueden hacerle enmiendas al proyecto mediante las mociones de reiteración que son conocidas en el Plenario Legislativo.
