La Municipalidad de San Carlos dio a conocer que la primera etapa de intervención de caminos en Cutris y Pocosol, que permitirá el ingreso de camiones cisterna y tanques con agua potable a las comunidades afectadas por la contaminación de sus fuentes de aguas con mercurio, costó ₡699.678.000.
El proyecto se realizó mediante el proceso administrativo: CNE-DE-RESO-0036-2023, dirigido por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Se abordaron 44 kilómetros, en beneficio de las comunidades de Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde y Chorreras.
Juan Carlos Cruz, de la CNE, mencionó que las acciones obedecen al Decreto de Emergencia Nacional 43.949-MP, de marzo de 2023, declarado por el Gobierno de la República y las órdenes sanitarias emitida por el Ministerio de Salud.
Las rutas atendidas en la primera etapa fueron la #991, #1.256, #187, #249, #993, #203, #256, #104 y #242.
Se trabajó en extracción de material, acarreo, limpieza, conformación, ampliación, lastrado, alcantarillado, evacuación, construcción de cabezales y pasos de alcantarillado.
La Municipalidad de San Carlos a través del Comité Municipal de Emergencias (CME) se encargó de la dirección del proyecto y de la inspección de los trabajos.
La alcaldesa, Karol Salas, dijo que se lograron resultados “muy positivos”, pues se atendieron caminos que a nivel de gobierno local no se habían podido intervenir años atrás, por falta de recursos.
El siguiente paso es esperar la respuesta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados a la CNE, para continuar con la segunda fase de atención de caminos. El mismo comprende las rutas #990, #187, #242, #199, #256, #227 y #761, a la altura de Chamorro, El jocote, Llano Verde, Moravia, Buenos Aires, San Humberto y Tiricias, por un monto de ₡555.000.000.
Rodrigo Blanco, líder comunal, tiene 55 años de residir en esta localidad fronteriza. Él catalogó la reparación de los caminos como “un sueño hecho realidad”.
En su comunicación oficial, el gobierno local detalló que estas acciones son de carácter “paliativo”, mientras el Estado elabora una solución definitiva para garantizar una distribución de agua potable segura y permanente a las comunidades afectadas.
