Este lunes 17 de octubre, la Asociación Pro Carretera sostuvo una reunión con el viceministro de Infraestructura, Alejandro Guillen; y, el equipo de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Jason Hamilton, integrante de la Asociación Pro Carretera, explicó que el motivo del encuentro fue dar seguimiento a los apoyos de desembolsos del proyecto Taras-La Lima y Obis.
Según detalló Hamilton, se les indicó que los desembolsos para la continuidad de la Carretera San Carlos, ya no estarán limitados al avance del 50% de las otras obras, tal y como se había anunciado el pasado jueves 11 de agosto, en la Comisión de la Provincia de Alajuela, de la Asamblea Legislativa.
En cuanto al tema de expropiaciones, Hamilton resaltó que, por medio del congresista sancarleño, Joaquín Hernández, de Liberación Nacional, se presentó una moción para la adquisición de fondos que permitan avanzar con el proyecto.
En la moción presentada se lee, con respecto al empréstito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en La Gaceta 239, Ley 9.899, “Aprobación del convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión, CR-O0005, del programa de infraestructura vial…”, que el monto del crédito es por $350 millones.
Con este monto se financia el Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas y la terminación de la vía a San Carlos y sus obras urbanas.
Se plantea que $6 millones se destinen a la elaboración de estudios, anteproyectos y diseños que se necesiten para la conclusión de la obra.
También se lee que, de acuerdo a los estudios realizados, hay 173 expropiaciones pendientes para el tramo de la Punta Sur, entre Sifón y la Carretera Bernardo Soto; y, 21 expropiaciones más, en el Tramo Central, entre Sifón y Ciudad Quesada. En total hay 194 expropiaciones pendientes.
“Revisando el presupuesto de 2023, no están contemplados los dineros necesarios en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni en el Ministerio de Hacienda para atender las expropiaciones respectivas”, dice el escrito enviado al Congreso.
